Desde hace varios años, la Toma de Peñalolén
ha sido motivo de permanente cobertura mediática.
Ha contado con todos los elementos para ello: una
toma ilegal instigada por un personaje controvertido
y conocido, en sus propios terrenos y una posterior
organización comunitaria ejemplar, por parte
de los pobladores
Hoy, vuelve a ocupar
las primeras páginas con la promesa del Ministro
de Vivienda de trasladarlos a la Comunidad Ecológica
de Peñalolén, como solución
final a la irregular situación que se vivía.
Dentro de las facultades del Estado, está
la de enajenar bienes de uso privado si estos resultan
necesarios para el Bien Común. Es decir,
el proceder del Ministerio se ajusta al ordenamiento
jurídico y a todas las normas legales vigentes.
El problema de fondo es otro. ¿Por qué
ha habido una oposición tan férrea
de la comunidad que va a tener que absorber este
flujo de miles de nuevas familias? La respuesta
es simple: el cambio de una forma de vida. Cuando
un alcalde, ministro, gobernador o presidente cambia
las reglas del juego, está desvirtuando la
opción de vida que legítimamente se
dieron los habitantes de una comuna. La Comunidad
Ecológica es un proyecto urbano que tiene
sus regulaciones: preservación del entorno
natural y no más de 50 pobladores por hectárea.
Esto puede considerarse un privilegio impensado
para una ciudad como Santiago. No lo es. Cuando
el proyecto se desarrolló, no eran más
que áridos faldeos de cerro que ninguna especulación
inmobiliaria había mirado. Los propietarios
juntaron sus ahorros, poblaron los terrenos y pagaron
por ellos. Eso es lo medular: uno tiene el derecho
a gastar su dinero en el estilo de vida que más
le convenga. Vivir en una comunidad así tuvo
un precio y éste fue cancelado. El cambio
que se avecina desvirtúa los valores entonces
transados y baja considerablemente los precios a
futuro. Eso es una forma de expropiación.
El drama que vive la Comunidad Ecológica,
porque realmente es un drama, se repite de distintas
maneras en comunas y sectores agrícolas del
país. Parceleros que han invertido en una
infraestructura de trabajo agrícola se pueden
encontrar con un cambio de destino de suelo que
eche por la borda todo su esfuerzo. Municipalidades
con recursos, como Vitacura y Las Condes, cuyos
residentes han pagado sus propiedades residenciales
a muy alto precio pueden, con alta probabilidad,
enfrentar la construcción de un alto edificio
al lado que impide la habitabilidad.
La pregunta es por qué hay ciudades que no
cambian sus planes reguladores hace más de
un siglo ( el centro de Paris, por ejemplo), concentrando
el desarrollo inmobiliario en áreas ajenas
a los barrios ya consolidados y por qué en
Chile se opera exactamente de la manera opuesta:
una vez que un barrio adquiere valor, por su buen
trazado,las hermosas residencias, las plazas y árboles
crecidos se destruyen en pos de la especulación
inmobiliaria que favorece a algunos pero que da
inicio a un deterioro, en el largo plazo.
Más aún, somos los chilenos los que,
en definitiva, terminamos pagando el negocio de
las constructoras, ya que la construcción
en altura no cuenta con la infraestructura de servicios
necesaria. El alcantarillado, la evacuación
de aguas lluvias, las cañerías de
agua, etc. están calculadas para viviendas
unifamiliares y no para absorber la demanda de nuevas
torres. Tarde o temprano las inversiones para paliar
el déficit deberá llevarse a cabo,
con los recursos de todos los contribuyentes.
Lo que subyace en el conflicto de Peñalolén
es la inestabilidad del cambio de las reglas del
juego. Nada produce más desconcierto y frustración
que se cambien los planes en los cuales uno confió
y sobre los cuales se construyó el sueño
de una forma de vida.
Por otra parte, es lamentable que se usen imágenes
comunicacionales potentes, como el de dar una vivienda
digna a los pobladores de la toma, para facilitar
el rápido cambio del plan regulador y no
se atienda al legítimo derecho de los ciudadanos
a escoger la forma de vivienda que más se
ajuste a sus ideales y al precio que se cobró
por realizarlos. Ese es el problema de fondo.
Sin embargo, una nueva corriente de organizaciones
está surgiendo para defender, justamente,
ese derecho. Los habitantes de las comunas ya no
están aceptando de una manera pasiva los
cambios arbitrarios de los alcaldes y los Concejos
municipales. La participación civil está
creciendo día a día y es la única
solución al caos urbano que manejan muchas
autoridades.
Reglas claras y desarrollo armónico parecen
ser las bases sobre las cuales construir ciudad.
Ciudad como reflejo cultural de una nación.
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